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Piden al CGPJ que se pronuncie sobre las críticas al juez del caso Millet

publicado a la‎(s)‎ 22/10/2009 11:38 por Administrador Web
Barcelona, 21 de Octubre de 2009 (Europa Press).- Veinte de los 33 jueces de Instrucción de Barcelona pidieron hoy a la juez decana, Maria Josep Feliu, que traslade a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las críticas de dos magistrados de la Audiencia de Barcelona al juez que lleva el caso del Palau de la Música por si fueran motivo de sanción.

El magistrado de la Sección 10 Santiago Vidal y la ex juez decana y magistrada de la Sección 17 Maria Sanahuja han criticado en los últimos días que el juez de Instrucción número 30, Juli Solaz, dejara en libertad provisional con cargos y sin fianza al ex presidente del Palau Fèlix Millet y al ex director administrativo Jordi Montull, tras declarar el lunes.

Por ello, 20 jueces de Instrucción se reunieron este mediodía en la Ciudad de la Justicia y acordaron que las declaraciones de ambos magistrados sean valoradas por la Sala de Gobierno del TSJC y el CGPJ por si pudieran ser motivo de "algún tipo de sanción disciplinaria".

Por otra parte, Jueces por la Democracia de Catalunya expresaron hoy su apoyo al titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, que dirige el caso Millet, ante las críticas que ha recibido por su decisión de dejar en libertad provisional a los principales imputados por la trama de saqueo del Palau de la Música: su ex presidente Fèlix Millet y el ex director administrativo Jordi Montull.

Según informó la asociación de jueces en un comunicado, la prisión provisional es una medida "excepcional", sin que en ningún caso "pueda cumplir funciones de pena anticipada porque ello vulneraría el derecho a la presunción de inocencia", y en este caso el magistrado ha decidido que esta medida "no resulta proporcionada" por existir otras medidas "menos gravosas".

Por ello, consideran "desafortunadas e inapropiadas" las opiniones vertidas en los medios de comunicación de algunos miembros de la Judicatura, porque pueden provocar "de manera injustificada" la desconfianza de los ciudadanos en el sistema.